Cuando hablamos de la vivienda en Venezuela, tenemos que admitir la no existencia de una planificación estructurada en el ámbito nacional, capaz de establecer las bases para los acuerdos necesarios, que trasciendan a los períodos de gobierno e implique con ello, un crecimiento sostenido del sector construcción (unidades habitacionales nuevas) y del sector inmobiliario (mercado secundario para el alquiler), destinado a satisfacer ambas demandas.
Las estadísticas disponibles nos permiten evidenciar cambios bruscos en los índices de construcción de viviendas, asociados entre otras causas, a la inseguridad jurídica, durante las transiciones de los períodos presidenciales y más recientemente al aumento del riesgo país. Tales hechos han intervenido negativamente en el intento por compensar el crecimiento vegetativo no lineal pero sostenido con la demanda, el cual se agravó por el déficit acumulado año tras año. Según cifras censales de población se reportó para el año 1960, la cantidad de 7.493.760 habitantes a nivel nacional, con un déficit acumulado de viviendas de tan solo 59.780, agravándose significativamente en la última década hasta alcanzar un déficit estimado entre 2.000.000 y 2.500.000 unidades habitacionales.
Entendiendo que la vivienda es para familia lo que el agua es para el ser humano, se debe garantizar no solo una vivienda útil, con buen diseño estructural, confortable, con adecuados servicios públicos, sino que además debe estar implantada en suelos que garanticen su estabilidad y permanencia ante eventos geodinámicos, geotécnicos y climáticos, dotadas de centros: médico-asistenciales, educativos, comerciales, recreativos, culturales, etc. Al mismo tiempo ofrecer oportunidades de empleo para sus propietarios o inquilinos, en ubicaciones cercanas a los centros de trabajo, con medios de transporte adecuados y eficientes.
El crecimiento anárquico de la construcción en diferentes lugares del territorio nacional y la proliferación de viviendas de uso no conforme, retardan la ejecución de los planes de desarrollo urbano a corto plazo, impidiendo satisfacer a plenitud las necesidades básicas de sus habitantes. Cada vez son más insuficientes los recursos que se destinan a nuevas construcciones y a diferentes tipos de mantenimiento. Por tanto, se debe evitar el crecimiento desordenado de soluciones habitacionales en terrenos inestables o aislados, los cuales consumen los presupuestos con escasos beneficios.
De acuerdo a estimaciones basadas en las estadísticas del INE, el crecimiento vegetativo promedio de viviendas para los próximos 15 años (demanda anual promedio de nuevas viviendas requeridas por parejas que contraen matrimonio) puede alcanzar a 97.900, que sumado a un déficit promedio de 2.250.000, haría necesaria la construcción de 247.900 soluciones habitacionales por año, de distintas categorías o tipologías, para los diferentes estratos con lo cual se lograría satisfacer la demanda al año 2025.
La construcción de viviendas en Venezuela está condicionada a factores que impiden un desarrollo sostenible del sector. En el informe presentado por la ALIANZA INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD (año 2010), Venezuela ocupa el lugar 121 dentro de 123 países, sólo por encima de Costa de Marfil y Bangladesh y por debajo de Zimbawe; esto en contraste con países como Chile el cual se ubica en el lugar 34 del informe y Finlandia en el puesto número uno (1). Se evidencia claramente, que solo en un ambiente de respeto y seguridad jurídica de la propiedad privada, en un ambiente de libertades económicas, se logra el mayor crecimiento de los sectores productivos, en especial el sector construcción y dentro de él la vivienda.
En cuanto a las libertades económicas, el REPORTE DE LIBERTAD ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA 2009 – 2010, presentado por la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, ubica a Venezuela en el lugar 138 de 141 países por encima de Angola, Myanmar y Zimbawe, por debajo de la República del Congo. En contraste con Chile que ocupa el quinto lugar en el mundo en Libertad Económica.
Países con indicadores como los antes mencionados, cuyas economías son altamente inflacionarias, con altos riesgos para la inversión nacional y extranjera, se encuentran impedidos de tener éxito en materia de vivienda, a pesar de los cuantiosos recursos de los cuales pueda disponer, tal como ocurre en Venezuela.
Un plan de viviendas para que pueda ser exitoso, debe estar concebido dentro de una política de estado de largo plazo, en la que se establezcan reglas claras para todos los sectores involucrados, partiendo del pleno respeto a los derechos económicos y de propiedad establecidos en la Constitución. Solo así, se podrá incentivar a los industriales para que reactiven sus plantas o bien aumenten su capacidad de producción, proporcionando los insumos para la construcción en el tiempo y en la cantidad requerida, con lo cual, empresarios, inversionistas, banca, importadores, promotores, constructores y compradores, tendrán mayores garantías de cumplir con sus aspiraciones, compromisos, metas y el retorno seguro de sus capitales.
Todo plan nacional destinado al desarrollo masivo de viviendas, debería ser concebido bajo el concepto de Desarrollo Sustentable, lo cual implica el diseño de una planificación estratégica enmarcada dentro de: 1) gestión y la ordenación del territorio, 2) planes de ordenación urbanística, 3) leyes de zonificación, 4) planes de ordenamiento urbano local (PEDUL) y 5) planes especiales.
El conjunto de desplazados por diversas razones hacia las principales ciudades del país, sin la debida consideración y respuesta al impacto que esto genera, ha contribuido notablemente al desmejoramiento de las condiciones de vida de los Venezolanos y continuará incidiendo negativamente si no se actúa evitando las causas que han originado estos desplazamientos. En general, se deben ofrecer oportunidades diversas a las familias de acuerdo a los diferentes estratos o categorías.
Algunas municipalidades, gobernaciones y hasta nuevas organizaciones denominadas “del poder popular”, realizan ingentes esfuerzos en la búsqueda de mejorar aquellas viviendas en verdadero estado de precariedad, ello a solicitud de los vecinos. Pero en muchos casos, no se logra la anhelada consolidación, pudiendo a lo sumo aliviar temporalmente alguna incomodidad. En otros casos, se tratan de ocupar algunos suelos expuestos a procesos de alto impacto ambiental o bien sitios apartados con limitaciones de acceso, ubicadas al borde de laderas de ríos o quebradas, carentes de servicios públicos, en los cuales se dificulta su permanencia, ocasionando serios obstáculos para las propias comunidades y para los entes que estimulan este tipo de gestión, creando condiciones que comprometerán sus reducidos presupuestos. En muchos casos su destrucción llega antes de que pueda efectuarse algún tipo de intervención.
En cualquier caso la vivienda es solo una parte indispensable del hábitat del ser humano, y debe ofrecer ventajas para el desarrollo integral de cada familia, de acuerdo a sus necesidades y circunstancias. Para lograr tal propósito, se debe crear conciencia en cuanto a la necesidad de erradicar la ranchería a través de la creación de nuevos desarrollos urbanísticos y de la transformación del hábitat hacia estándares que además permitan una buena practica de la construcción.
La palabra ranchería se aplica al cerramiento de espacios carentes de técnicas constructivas para dar albergue a ciudadanos que no disponen de viviendas, donde predomina el uso de materiales de baja resistencia o calidad. Generalmente, ni su lugar de implantación, ni su entorno reúne condiciones de suelo y carecen de los estudios necesarios basados en proyectos y en la buena práctica de la ingeniería, razón por la cual la transformación total del hábitat se hace inminente. Es importante delimitar las zonas en las cuales no se justifica invertir en mejoras de lo existente, con la finalidad de iniciar la transformación del suelo y del espacio disponible, basada en proyectos que se desarrollen a partir del cumplimiento de las variables urbanas fundamentales y de la capacidad de los suelos, entre otros. La mayoría de los casos permitirán aumentar la densidad de construcción y en consecuencia la oferta.
El déficit de viviendas en Venezuela puede ser cubierto en un lapso de 15 años, en un escenario donde se respeten las libertades democráticas, los derechos de la propiedad, en un ambiente de estabilidad social, económico y político. El país cuenta con suficientes profesionales capaces de cubrir la fuerza laboral requerida, no obstante, un programa ambicioso de construcción de viviendas debe ser desarrollado incrementando progresivamente su número, basado en una política de estado compartida con todos los actores.
La inversión en viviendas debe ir acompañada de la inversión necesaria en infraestructura, de lo contrario se seguirán creando conflictos, entre los entes prestadores de servicios y una población insatisfecha. Se estima que en Venezuela deberá invertirse para prestamos y subsidios en los próximos 15 años, una cantidad no menor de 20.000 millones de bolívares (interanual), entre viviendas del estrato I, II y III, sin incluir el urbanismo y la infraestructura de servicios.
Por lo antes expuesto, será mediante una acertada política de empleo la mejor fórmula para garantizar el acceso a la vivienda, reforzada con una política de ahorro familiar que permitiría obtener otra fuente de financiamiento con la que se estimule la creación de una cartera hipotecaria, similar a la experiencia exitosa que se obtuvo con el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo en Venezuela entre los años 1962 y 1975
Una política general e intensa de mantenimiento de toda la infraestructura nacional, cuya vida útil se justifique prolongar, junto a una planificación estratégica de desarrollo nacional de viviendas y urbanismos de largo plazo, permitirá reactivar el aparato productivo nacional, siempre que se respeten las libertades democráticas establecidas en nuestra carta magna.
ING. HUMBERTO BLANCO CABRERA
Caracas, 03 de noviembre de 2010
